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Lula sigue en su duro pulso contra el sistema judicial brasileño

lunes, 21 de marzo de 2016 11:02 am



El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva recurrió al Supremo Tribunal Federal (STF) para evitar que el proceso abierto en su contra vuelva a la jurisdicción del juez Sérgio Moro, el responsable del caso de corrupción en Petrobras, informaron este domingo sus abogados.

El magistrado del Tribunal Supremo Gilmar Mendes anuló este viernes el nombramiento de Lula como ministro en el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, con lo que le privó del fuero privilegiado asociado a ese cargo y ordenó que su causa regrese al tribunal de Curitiba, dirigido por Moro.

Este juez es responsable de haber aplicado 93 condenas en los últimos dos años a implicados en el caso de corrupción ‘Lava Jato’, también ordenó que Lula fuera interrogado en una comisaría el pasado 4 de marzo y puso escuchas telefónicas para investigar al expresidente.

Los abogados de Lula argumentaron que el magistrado Mendes se excedió en sus competencias al tomar una decisión sobre la jurisdicción del proceso abierto en contra del exmandatario, que es investigado por supuestos delitos de lavado de dinero y falsificación.

Por ello solicitaron a otro juez del Supremo, Teori Zavascki, que anule la decisión de su colega de forma cautelar, hasta que el pleno de la corte analice el caso. En su solicitud, los abogados argumentan que el juez Moro puso escuchas “ilegales” contra Lula, su familia y el bufete de abogados que lo representa y después ordenó la divulgación de las grabaciones, incluyendo conversaciones entre el expresidente y Rousseff.

La fiscalía acusó a Lula formalmente de los delitos de lavado de dinero y falsificación, por supuestamente haber ocultado que es dueño de un apartamento de lujo en un edificio de la constructora OAS, una de las empresas implicadas en las corruptelas del caso Petrobras.

De forma paralela, la Abogacía General de la Unión (AGU) también anunció que recurrió la decisión del Supremo para conseguir que la corte le permita asumir el cargo de ministro de la Presidencia.

En su sentencia, que tiene carácter cautelar y deberá ser refrendada o revocada por el pleno del Supremo, Mendes consideró que el nombramiento se realizó “claramente” con el propósito de “impedir” un posible arresto de Lula.

Por otro lado, la comisión de 65 diputados que debe dar su parecer sobre una posible destitución de Rousseff inició sus trabajos fuertemente dividida, con una leve ventaja para los partidarios del juicio político, indica una encuesta.

De acuerdo con ese sondeo, realizado por la consultora Arko Advice y publicado este domingo por el diario O Dia, 32 integrantes de esa comisión apoyan el juicio, 31 lo rechazan y dos permanecen indecisos.

El estudio se realizó el jueves pasado, cuando la comisión acababa de conformarse para evaluar si hay motivos suficientes para enjuiciar a Rousseff por presunta manipulación de las cuentas públicas.

El empate técnico entre las dos partes dista, sin embargo, de marcar líneas divisorias infranqueables. “El panorama puede cambiar muy rápidamente”, dijo el director de Arko, Murilo Aragão, quien observó que en la Cámara de Diputados, que deberá aprobar o rechazar el parecer de la comisión, hay cada vez más legisladores que consideran inevitable la destitución de la mandataria, discípula política de Lula.

Según otro sondeo de la misma consultora, realizado entre el 15 y el 17 de marzo con una muestra de cien diputados de 23 partidos políticos, “un 62 por ciento aprobaría un juicio político”, más del doble que en febrero (24,5 por ciento).

Fuente: EFE Y AFP

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