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Combate a muerte Por: Maryclen Stelling

Lunes, 9 de Mayo de 2016 02:59 pm

Noticiasx7

En Venezuela, la discusión en torno a la gobernabilidad democrática se centra en el enfrentamiento entre poderes apostando por el potencial desestabilizador de la confrontación Ejecutivo-Legislativo, con la incorporación activa de los poderes Judicial y Electoral.

La Asamblea, de mayoría opositora, está abocada a una carrera legislativa en torno a un muy bien pensado paquete de leyes. Para unos, no es más que una agenda golpista; para otros el gobierno, al rechazar las leyes que sanciona la AN, aumenta los riesgos de ruptura del hilo constitucional. En ese contexto, se aprueba la Ley de Referendos y el Proyecto de Enmienda Constitucional. Dictamina la Sala Constitucional que la pretensión de enmendar la Constitución con la finalidad de reducir el mandato del Presidente constituye una retroactividad inconstitucional. La oposición alega que magistrados del gobierno desconocen el carácter representativo de la AN.

Antes del 6-D, en Venezuela el juego político se realizaba “en un contexto de debilidad generalizada de los partidos”, en el que un partido dominante se confrontaba con una oposición seriamente fragmentada y derrotada innumerables veces. El Ejecutivo interactuaba con una Asamblea “afín políticamente”. Prevalecía una intensa polarización político-ideológica y un alto nivel de confrontación, aun cuando los últimos procesos electorales avisaban de una población dividida en dos mitades casi iguales.

En la Venezuela post-6-D, el Ejecutivo afronta el reto de interactuar con un legislativo “recalcitrante”, que se solaza y hace uso de su condición de mayoría en cuanto a su gestión legislativa y el rechazo a las propuestas emanadas desde el Ejecutivo y el Bloque de la Patria. “El chavismo”, minoritario en la Asamblea, se enfrenta a una coalición opositora predominante, que amenaza con posibilidades efectivas de acceder a la presidencia. Desde los dos frentes políticos se impulsa la polarización (dicotomización amigo-enemigo) y, desde el Gobierno, se alimenta el nivel de confrontación político-ideológica manteniendo una clara distinción entre sectores de derecha e izquierda. Se promueve un desequilibrio de poderes y se apuesta por una crisis presidencial con la consiguiente inestabilidad política, ya sea a través de la salida anticipada del Presidente o el cambio de régimen político.

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