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Funcionarios de Puerto Rico firman resolución contra junta federal de control

Miércoles, 8 de Junio de 2016 04:59 pm

EFE

La Asamblea de Delegados de la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (AEELA) aprobó hoy una resolución en la que expresa su rechazo a la imposición de una junta federal de control fiscal y reclama que Estados Unidos ayude al Gobierno local a atender su falta de liquidez.

En el documento, los delegados, representantes de los empleados públicos miembros de AEELA, reclaman al Gobierno federal que “a través del Banco de la Reserva Federal o del Tesoro aporten recursos ‘temporeros’ (temporales) que resuelvan la falta de liquidez, ya que Puerto Rico forma parte del segundo distrito de la Reserva Federal”.

Para ello, argumentan que “Puerto Rico está pasando por una crisis humanitaria debido a su incapacidad fiscal para atender las necesidades básicas de la población” y el Gobierno no puede pagar la deuda pública ni seguir recortando gastos o aumentando impuestos.

Recuerdan que esta situación ha llevado a “una emigración masiva, un aumento en el nivel de pobreza, el estancamiento en la economía y el estado precario en la que se encuentran las pensiones de los 330.000 jubilados del Gobierno y los empleos de los servidores públicos”.

“El Congreso de EE.UU. nos quiere imponer una junta de control fiscal para usurpar los poderes de nuestros funcionarios electos, imponernos reformas que ponen en peligro a nuestra población y tomar decisiones por nosotros”, critican.

Además, piden a Washington que “contribuya a reabrir los mercados financieros para que Puerto Rico tenga acceso a estos bajo tasas y condiciones favorables para reestructurar la deuda y cumplir sus obligaciones, primero con el pueblo y, en segundo lugar, con los acreedores”.

Finalmente, le piden que tome medidas específicas “para lograr el crecimiento económico” de ese territorio, “que a la larga es la única solución para producir la riqueza que se necesita para garantizar el bienestar del pueblo y una paz duradera”.

Puerto Rico, que arrastra una deuda de más de 70.000 millones de dólares, es territorio estadounidense desde 1898 y se define como Estado Libre Asociado a ese país, con Constitución propia y con un importante grado de autonomía, aunque EE.UU. se reserva apartados como defensa, moneda, inmigración y aduanas, entre otros.

Sin embargo, Puerto Rico no puede acogerse a la Ley federal de Quiebras estadounidense, ya que dicha norma no considera a la isla como un estado más de la nación norteamericana, y la Justicia federal ha visto inconstitucional una norma que el Gobierno local aprobó para establecer su propio mecanismo de bancarrota.

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