Acción de la Fiscal puede activar destitución de magistrados del TSJ

Sábado, 1 de Abril de 2017 09:35 am

Con información de Runrunes

Expertos consideran que las declaraciones o acciones hechas el viernes por la titular del Ministerio Público, y representante de la Fiscalía General de la República, Luisa Ortega Díaz da luz verde para que se actúe en contra de los magistrados de la Sala Constitucional que avalaron las sentencias.

Y es que luego de las aseveraciones de Ortega Díaz, Fiscal General de la República, sobre la “ruptura del orden constitucional” derivadas de las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se da pie para que proceda de su parte la formalización de una denuncia ante el Poder Moral Republicano por la comisión de una “falta grave” de los magistrados que avalaron la decisión.

Así, la funcionaria puede activar o convocar el proceso de destitución de los integrantes de la Sala Constitucional, entre ellos el presidente del TSJ, Maikel Moreno.

Las declaraciones de la Fiscal General emitidas luego de la presentación del Informe de Gestión del Ministerio Público 2016, no se enmarcan dentro de un mero acto de libertad de expresión, tras sus afirmaciones, “procede que la Fiscal denuncie la falta grave de los Magistrados de la Sala Constitucional ante el Consejo Moral Republicano para su destitución”, explicó el abogado constitucionalista Luis Alfonso Herrera.

Tal “deber ser” está estipulado en la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, artículo 10, numeral 10: “El Consejo Moral Republicano, conformado por la Fiscalía, Contraloría y la Defensoría del Pueblo, debe calificar las faltas graves que hubieran cometido los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, lo que es causal de remoción”.

De acuerdo con la organización Transparencia Venezuela, la posición de Ortega frente a las sentencias que dieron poderes plenos al Presidente Maduro y terminaron de vaciar de competencias a la Asamblea Nacional, es de esperarse que, cumpliendo la ley, solicite la calificación de falta grave de estos magistrados ante el resto del Consejo.

“Uno de los 13 causales de remoción que establecen la Ley del Tribunal Supremo de Justicia en sus artículos 62 y 63, es el cometer hechos graves que, constitutivos o no de delito, pongan en peligro su credibilidad e imparcialidad y comprometan la dignidad del cargo”, argumenta Transparencia.

Según la Constitución Nacional, artículo 285, numeral 5, “es atribución del Ministerio Público intentar las acciones a que hubiera lugar para hacer efectiva la responsabilidad civil, laboral, militar, penal, administración o disciplinaria en que hubieren incurrido los funcionarios o funcionarias del sector público, con motivo del ejercicio de sus funciones”, explica la ONG.

Quién decide, ¿el TSJ o la Asamblea Nacional?

“El problema es que al final el propio TSJ puede bloquear esa acción”, argumentó Herrera. Si bien esos magistrados no podrían decidir en su caso, no se puede esperar del resto una decisión imparcial”, agregó.

Por su parte, la Asamblea Nacional debería designar directamente a nuevos magistrados, previa anulación de todas las designaciones de diciembre de 2014 y 2015, ya que actuaron como operadores políticos.

Silencio del Gobierno

A más de cinco horas de las declaraciones que catalogan como inconstitucional la actuación del TSJ, ningún vocero del alto gobierno se ha pronunciado.

Aunque no se conoce si se trata de un hecho relacionado, la Cancillería suspendió un acto previsto en la sede del TSJ, al que estaba invitado el cuerpo diplomático, el cual estaba convocado para la misma hora en que la fiscal hacía su presentación del Informe de Gestión del Ministerio Público 2016, evento que cerró con su toma de posición sobre las sentencias.

“Las declaraciones de la Fiscal General, claramente evidencian que esta decisión del TSJ, que juega estrechamente con el Presidente Nicolás Maduro desde hace 15 meses para neutralizar a la Asamblea Nacional, pudiera ser el inicio de un quiebre de la coalición oficialista que se mantiene en un delicado equilibrio de cristal”, valora el analista político Oswaldo Ramírez.

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Por otro lado, Ramírez no descarta que haya sido una movida para “generar una percepción de equilibrio de poderes que pudiera abrir las puertas para recoger las medidas anunciadas”. No obstante, el abogado constitucionalista que la figura del “recule” jurídico no existe, ya que los efectos de las sentencias ya se consumaron.

“Por ahora, de estar actuando sola, se comienzan a posar sobre ella los tentáculos del madurismo. Sin descartar un forzamiento a una renuncia anticipada”, valora el analista político, que además destaca que desde diciembre de 2016, a la Fiscal le correspondía ser la presidenta del Poder Ciudadano pero fue desplazada por sus otros dos pares al considerar que “no era suficientemente revolucionaria”.

“Creo que el punto central es que esta acción sienta un precedente para proceder a actuar en contra de los magistrados”, dijo Ramírez.

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