Sobre la inmunidad y abuso de estados de excepción Por: Jesús M. Casal

Domingo, 2 de Abril de 2017 10:59 am

Noticiasx7

La sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dictada el 28 de marzo de 2017 (N° 155/2017), vuelve a colocar en la escena pública dos temas sensibles de la evolución constitucional venezolana: la inmunidad parlamentaria y los estados de excepción. Su desfiguración ha estado presente en momentos sombríos de nuestro devenir institucional.

La inmunidad parlamentaria fue desconocida abiertamente en 1963 y en años ulteriores, cuando se fraguó la tesis que excluyó los delitos militares del alcance de la inmunidad parlamentaria, para practicar la privación de libertad de varios diputados, entre ellos mi padre, sin tener que solicitar el allanamiento de la inmunidad. Años después esta construcción fraudulenta fue abandonada, y es doloroso ver que ahora, después de haber prometido una transformación dirigida a dejar atrás los vicios del pasado, se recurra a aquellos excesos para intentar justificar los actuales, tales como la virtual eliminación de la inmunidad parlamentaria derivada del pronunciamiento citado de la Sala Constitucional.

Dicha sentencia sostiene que la inmunidad solo rige cuando los diputados se mantienen dentro del ejercicio de sus atribuciones constitucionales y que no puede hacerse valer frente a “ilícitos constitucionales y penales (flagrantes)”, lo cual es una grave vulneración de la Constitución, pues de acuerdo con su artículo 200, la inmunidad ampara al diputado frente a la imputación de cualquier delito, correspondiendo a la Asamblea Nacional apreciar si el posible enjuiciamiento del diputado atenta contra el cumplimiento de las funciones parlamentarias o si se está en presencia de una persecución política. La sentencia equipara erróneamente el ámbito de la inmunidad (art. 200) con el de inviolabilidad, la cual sí está circunscrita a la esfera del desempeño de la función parlamentaria, mediante la palabra o la emisión de votos (art. 199).

Por otra parte, en nuestra historia y en la de otras naciones los estados de excepción han sido frecuentemente síntomas de descomposición institucional. Se ha acudido a menudo a ellos cuando la base de sustento social y político del Gobierno o del sistema en que este se inscribe está en riesgo, creyendo que una mayor concentración de poderes o la intensificación de amenazas represivas contendrán lo que en la conciencia colectiva ya está resuelto. Así ocurrió con la suspensión de garantías declarada el 27 de febrero de 1989, y sucede con el estado de emergencia económica que hoy sigue en vigor, que no se somete a límites temporales o de otra clase, fijados en la Constitución vigente a la luz de experiencias como aquella.

En fin, ¿cuándo será que el pasado se invocará para motivar el progreso institucional-civilizatorio y no para reproducir o pretender justificar los errores o desafueros que haya llevado consigo? ¿Cuándo tomaremos con valentía la ruta de la acumulación histórica, que adopta de cada etapa de nuestra evolución política lo que permita construir un mejor futuro para todos?

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