¿Panaderos sí, magistrados no? Por: César Miguel Rondón

Martes, 4 de Abril de 2017 10:17 am

EP Mundo

Derrumban la casa de un mandarriazo y, en medio del polvero que sigue flotando y de los escombros, tratan de aparentar que no ha pasado absolutamente nada. El primero en la pantomima es nada menos que el presidente de la República, quien ha minimizado el golpe de Estado llamándolo “impasse”. Y ha dicho que todo está superado. Mas nada se ha superado, todo sigue igual.

Leo declaraciones interesantes del abogado constitucionalista Eugenio Bretón en Efecto Cocuyo: “El orden constitucional venezolano se mantiene violado. Todas las decisiones que afectan e intervienen el ejercicio de las atribuciones constitucionales de la AN permanecen en pie como la aprobación del Presupuesto de la Nación sin que haya pasado por el Parlamento. El presidente (Maduro) rompió las tradiciones republicanas y la Constitución al rendir su Memoria y Cuenta ante el TSJ”. Bretón insistió en que las dos últimas sentencias “son tan solo unos pasos más que ratifican la violación de la institucionalidad venezolana”, y acusó al TSJ de “querer colocarse muy por encima de la voluntad de los venezolanos”.

La cita es de la periodista Lila Vanorio: “¿Unos magistrados dan un golpe de Estado y después se van a quedar con su cara tan lavada? ¿Ellos no son traidores a la patria pero los panaderos sí?

Estos magistrados tienen largo rato ya quebrantando la voluntad de los venezolanos. Hace casi un año –el 26 de abril de 2016– publicamos un editorial (“Los nombres y las caras de la Sala Constitucional”) donde nos ocupamos de ellos. Hoy hay que volver al nefasto listado.

A Gladys Gutiérrez, en aquel tiempo presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, hay que excluirla momentáneamente ya que, por “razones personales”, según se aduce, no firmó ninguna de las sentencias 155 y 156.

Pero los demás sí están completamente embarrialados: Arcadio de Jesús Delgado; Carmen Zuleta de Merchán, magistrada desde 2005; Juan José Mendoza Jover, ex diputado del PSUV por el estado Trujillo; Calixto Ortega, ex diputado del PSUV, ex vicecanciller para Europa y encargado de negocios en Estados Unidos; Luis Fernando Damiani, ex viceministro de Educación Universitaria y ex vicerrector de la Universidad Bolivariana; y Lourdes Benicia Suárez Anderson, que solo se destaca como hermana de Danilo Anderson.

Llama la atención (escribía en aquel editorial) que “con la excepción de la doctora Zuleta, no hay mayores méritos profesionales, jurídicos, en estas personas. Las mismas a las que Ramos Allup calificó de “malandros y malandras”.

Ahora reitero la pregunta de rigor: ¿pueden estos señores haber dictado sentencias tan graves como las 155 y 156 y quedar como si nada? ¿Va a seguir la impunidad campeando a sus anchas en el país? Tal cosa es sencillamente inaceptable.

En las próximas sesiones de la Asamblea los diputados pretenden la destitución de estos funcionarios. Pero no solo deberían ser destituidos, eso sería poco. Deberían pagar penalmente, pagar con cárcel porque lo que han hecho es de extrema gravedad.

“Es la hora del protagonismo de la sociedad civil”, titula hoy El Nacional, en cita atribuida a monseñor Ovidio Pérez Morales, quien le hizo un llamado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que no actúe como guardián del régimen sino que guarde la soberanía e integridad de la republica. “Este es un régimen dictatorial y totalitario de concentración del poder”, dijo el obispo emérito. La Conferencia Episcopal Venezolana se ha manifestado fuertemente en carta firmada por monseñor Padrón, quien igual habla de dictadura. También los cardenales Urosa y Porras y, por si fuera poco, hasta el Papa se manifestó ayer durante el Angeluz: “Rezo por Venezuela y Paraguay, pueblos muy queridos por mí, e invito a todos a perseverar y evitar toda violencia en la búsqueda de soluciones políticas”.

Cuando el Papa pide que haya solución política y pacífica, y que no haya violencia, es porque, evidentemente, está oliendo que esa violencia está muy cerca, al menos en el caso venezolano.

Y si la violencia estalla en el país, la responsabilidad criminal será exclusivamente del gobierno venezolano.

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