Referendo consultivo vs. Referendo aprobatorio Por: César García

domingo, 4 de junio de 2017 10:46 am

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El pasado 31 de mayo, la Sala Constitucional del TSJ se pronunció ante el país mediante la sentencia 378, indicando, que no es necesario ni constitucionalmente obligante, un referéndum consultivo previo para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente; obviamente, las interpretaciones y las posturas a tal respecto han resultado variadas dadas las diversas posiciones y el conflicto político que estimula la controversia. Por otra parte, las acciones emprendidas por la fiscal general Luisa Ortega Díaz solicitando al máximo tribunal, se aclare la diferencia entre convocatoria e iniciativa de convocatoria y la suma de sus declaraciones cuestionando la acción del gobierno estimula aún más el panorama de tensión existente; pues se debe tener en cuenta, que las constantes manifestaciones de calle que se han venido suscitando antes que minimizarse han tendido a recrudecerse. Aunado a ello, la escasez de alimentos, de medicinas, las represiones, los lamentables decesos que desde marzo se han producido y muchos otros factores presupone un caldo de cultivo cuyo resultado final podría resultar aún más trágico y lamentable para toda la nación si no se toman acciones conducentes a pacificar el país; pacificación que parte desde el consenso, el dialogo, el necesario reconocimiento del otro, la tolerancia mutua, el respeto recíproco, y el acatamiento a las leyes y normas establecidas.

Es pertinente considerar que la situación actual, nos ubica en un plano dominado por la desconfianza la cual campea por doquier: hay desconfianza hacia el gobierno, hay desconfianza hacia factores opositores, hay desconfianza aun sobre la intencionalidad que en el fondo persiguen las manifestaciones recurrentes. Bajo este panorama de amplia desconfianza nacional, el gobierno presenta al país una propuesta para una constituyente, y dicha propuesta, más allá de apaciguar las aguas parece agitarlas y esto resulta entendible puesto que tal estrategia en apariencia parece estar contenida de suspicacia, envuelta en algún tipo de subterfugio cuya intención final es la retención del poder a toda costa.

El dictamen del TSJ valida, jurídicamente hablando, que la celebración de un referendo consultivo respecto a la convocatoria de una ANC resulta innecesario; en tal sentido, y si se brinda apego a la institucionalidad se debe dar por descartado esta acción, ahora bien, la pregunta del millón que todo los venezolanos están obligados a plantearse es: ¿La nueva Constitución que resulte será presentada al pueblo en referendo aprobatorio? ¿Podrá el pueblo venezolano ejercer efectivamente su soberanía intransferible al manifestar su acuerdo o desacuerdo en lo referente a un nuevo texto constitucional? ¿Será el pueblo quien realmente de manera participativa y protagónica diga sí o no a un nuevo pacto social? Si el alegato inicial fue que no resultó necesario un referendo consultivo por cuanto la Constitución faculta al presidente para tal acción (convocar a una ANC), una interrogante a responder es: ¿Cuál será la actitud del gobierno, del TSJ, del CNE respecto a la aplicación de un referendo aprobatorio para el nuevo texto constitucional?

Evidentemente el país requiere y le urge una salida política, una salida electoral, una salida de paz, una salida democrática y una garantía esencial es permitirle al pueblo que decida su propio rumbo; así que, el referendo aprobatorio no puede resultar como una sugerencia sino como una necesidad apremiante. No basta convocar un referendo consultivo para una nueva Constitución como indicó el presidente, el pasado 01 de junio, ya que este no resulta vinculante.

Por tal razón, el referendo aprobatorio resulta innegociable porque su carácter es vinculante y con él se ratifica, se afirma y se refuerza la esencia doctrinal de la soberanía intransferible que descansa en el pueblo; recuérdese, que el pueblo sede su soberanía pero jamás la transfiere. La elección de los 540 constituyentes no resulta como aval suficiente para modificar la Carta magna, es el pueblo a quien le corresponde dar la última palabra. Negar esta acción antepondría una falta de trasparencia en el llamado realizado por el ejecutivo y el subsecuente resultado sería espurio carente de toda legitimidad y justificaría los argumentos de todos aquellos que desde el inicio del llamado a constituyente han catalogado la acción gubernamental como una clara violación de los principios democráticos propugnados en la Constitución de 1999.

Corresponde a los convocantes de esta constituyente actuar con la mayor sabiduría, con la mayor claridad y con la mayor transparencia posible todo ello por el bien de la patria, por la estabilidad de la nación y por la pacificación del pueblo. Recuérdese que el mejor consejero es el pueblo y es la fuente de legitimidad de la cual los verdaderos demócratas procuran beber.

 

 “Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo;

Mas en la multitud de consejeros hay seguridad.”

(Proverbios 11:14)

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