MP apeló la decisión de dejar en libertad al GNB que pisó con la tanqueta a manifestante en Altamira

miércoles, 21 de junio de 2017 10:28 pm

Con información de Caraota Digital

El Ministerio Público (MP) apeló este miércoles la decisión tomada por el  juez 14° de Control de Caracas, Jorge Timaury, sobre el caso del sargento segundo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Daniel Pérez Medina (22), quien embistió, arrolló y pisó a un manifestante de su misma edad con una tanqueta durante una manifestación antigubernamental el pasado 03 de mayo en Altamira.

El contexto

La investigación desarrollada por la Fiscalía General de la República indican que el manifestante fue pisado por la tanqueta mientras protestaba junto a otras personas en el municipio Chaco del estado Miranda, como también varios vídeos que fueron publicados por las redes sociales así lo indican. El vehículo blindado era conducido en ese momento por el efectivo en cuestión.

La víctima fue trasladada de inmediato a un centro de salud cercano, donde se le diagnosticaron múltiples fracturas y trauma pulmonar. En este momento el joven ya se encuentra en recuperación.

El MP certificó los hechos

 

 

La fiscal encargada del caso realizó junto a expertos una inspección técnicas de la serie de vehículos blindados del Comando de Zona n° 43 de la GNB, grupo de tanquetas que fueron usadas el 03 de mayo para contener y reprimir las manifestaciones en el este de Caracas.

En dicha inspección se certificó que el sargento segundo Daniel Pérez Medina era quien manejaba el vehículo, motivo por el que fue solicitada su orden de aprehensión.

La defensa se movió rápido

Desde el Ministerio Público alegaron que dicha orden sería violatoria a los derechos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues el efectivo militar debía ser previamente citado antes del requerimiento.

La Fiscalía contraatacó con más tecnicismos

En ese sentido, el fiscal 49° nacional, Oliver Uribe, fundamentó el escrito en el artículo 439 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece que se pueden apelar aquellas decisiones que causen un gravamen irreparable, entre otras causas.

Además, tomó como referencia la sentencia 1.381 del 30 de septiembre de 2009 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la cual indica que no es necesaria una citación previa al investigado, sino que la imputación de dichos delitos, debido a la gravedad de los mismos, puede realizarse en la audiencia de presentación una vez detenido ante el juez de control.

De igual manera, el escrito se basó en el artículo 236 del citado código, en el cual se refieren los supuestos sobre la procedencia para decretar la medida privativa de libertad.

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