AN denuncia detención de magistrado Ángel Zerpa

Domingo, 23 de Julio de 2017 10:07 am

GV

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Julio Borges, denunció este sábado lo que consideró una “detención arbitraria” contra el magistrado designado por el Parlamento, Ángel Zerpa.

A través de su cuenta en Twitter Borges señaló que “no hay justificación alguna para el secuestro del magistrado Ángel Zerpa por los cuerpos de seguridad del Estado”.

Zerpa es uno de los abogados defensores de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, en el antejuicio de mérito que lleva en su contra el Tribunal Supremo de Justicia.

A continuación el pronunciamiento íntegro publicado por la Asamblea Nacional:

La Policía política (SEBIN) detiene arbitrariamente a Magistrado del

Tribunal Supremo de Justicia designado por la Asamblea Nacional y

amenaza con efectuar otras detenciones

El día de hoy, 22 de julio de 2017, el SEBIN detuvo al Dr. Ángel Zerpa,

Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia designado el 21 de julio de

2017, lo cual representa una grave violación de la Constitución y pone en

serio riesgo los derechos del Dr. Zerpa. El Dr. Zerpa fue designado

Magistrado por el órgano competente para hacerlo, después de seguir el

procedimiento constitucional y legal, con base en las postulaciones

recibidas en el Comité de Postulaciones Judiciales y en el baremo que éste

aplicó. Además, sobre los restantes Magistrados designados el 21 de julio

pende la amenaza de sufrir sendas privaciones ilegítimas de la libertad.

Tanto el Dr. Zerpa como los demás Magistrados que fueron elegidos por la

Asamblea Nacional el 21 de julio son ilustres venezolanos cuyas

credenciales profesionales y académicas les hicieron merecedores de tal

designación, los cuales están contribuyendo con la construcción de la

institucionalidad democrática y la superación de los vicios que la han

menoscabado.

Esta actuación del SEBIN, avalada por anticipado y a ciegas por la Sala

Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, es una continuación del

golpe contra la Asamblea Nacional y la Constitución que ha perpetrado

Nicolás Maduro y los órganos que le están servilmente subordinados.

Forma parte de la agresión contra los derechos de los venezolanos que

implica la supuesta Asamblea Nacional Constituyente, que pretende ser

impuesta con el respaldo del uso de las armas, de la jurisdicción militar y

de la negación de todas las expresiones genuinas de la soberanía popular.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, agente

fundamental de la destrucción del orden constitucional en Venezuela, dictó

el 20 de julio de 2017 la sentencia Nº 545 mediante la cual declaró la

nulidad del correspondiente procedimiento de designación y advirtió sobre

999

las posibles responsabilidades penales relacionadas con la asunción de las

respectivas funciones. Más aún, en rueda de prensa el Presidente de la Sala

Constitucional señaló que quienes fueran juramentados como Magistrados

incurrirían en delito flagrante y deberían ser detenidos.

No obstante, dicha sentencia de la Sala Constitucional es nula por haber

sido suscrita mayoritariamente por Magistrados cuya designación fue

anulada por la Asamblea Nacional en julio de 2016 y que, adicionalmente,

no podían pronunciarse en una causa en la que tienen evidente interés, al

estar en entredicho su permanencia en el cargo y al ventilarse

irregularidades de las que fueron cómplices durante el procedimiento

fraudulentamente desarrollado en diciembre de 2015.

Por otra parte, se ha violado abiertamente el debido proceso y la

independencia judicial, pues el Dr. Zerpa y demás Magistrados designados

el 21 de julio de 2017 han sido condenados de antemano por el Presidente

de la Sala Constitucional, desfigurando las garantías fundamentales del

proceso penal, hasta tal punto que la Sala Constitucional llegó a adelantar

la posibilidad de que los Magistrados juramentados sean juzgados por

tribunales militares.

Como Junta Directiva de la Asamblea Nacional exigimos que los órganos

del Estado se abstengan de llevar a cabo otras acciones contrarias a los

derechos humanos, que generan responsabilidad personal incluso cuando

median órdenes superiores (artículo 25 de la Constitución). Asimismo,

exigimos la actuación de la comunidad internacional frente a esta escalada

represiva que desconoce completamente los derechos humanos y el Estado

de Derecho. Requerimos igualmente que cese de inmediato la detención del

Dr. Ángel Zerpa.

La Asamblea Nacional seguirá avanzando firmemente en la renovación

institucional y en el cumplimiento de los compromisos asumidos, de

acuerdo con la Constitución.

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