Foto: Referencial

Privan de libertad a GNB por muerte de joven embarazada en Antímano

miércoles, 3 de enero de 2018 02:06 pm

Ministerio Publico

A solicitud del Ministerio Público, fue privado de libertad el sargento primero de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), David José Rebolledo Cortez (24), por su presunta responsabilidad en la muerte de Alexandra Esterfan Colopy Herrera (18), ocurrida el 31 de diciembre de 2017, en la parroquia Antímano del municipio Libertador, Distrito Capital.
Durante el hecho, resultó herida otra persona de 24 años con un disparo en un glúteo.

En la audiencia de presentación, la fiscal 83º del Área Metropolitana de Caracas (AMC) imputó al funcionario por los presuntos delitos de homicidio calificado por motivos fútiles e innobles, uso indebido de arma orgánica y simulación de hecho punible.

Respecto a la persona que resultó herida, el Ministerio Público imputó al sargento primero de la GNB por la presunta comisión del delito de lesiones graves, sin embargo, el tribunal de la causa cambió la tipificación a lesiones leves.

Una vez evaluados los elementos de convicción expuestos por el representante del Ministerio Público, el Tribunal 20° de Control del AMC dictó la medida privativa de libertad para el efectivo, quien permanecerá recluido en la sede de Policía Nacional Bolivariana, en Antímano, Caracas.

En horas de la madrugada del citado día la víctima, quien tenía varias semanas de gestación, estaba en una cola para comprar pernil cuando se presentó una situación confusa, por lo que Rebolledo Cortez habría comenzado a disparar contra las personas.

En medio del altercado, la joven recibió un disparo en la cabeza, que habría salido del arma del efectivo, lo cual le produjo la muerte de manera instantánea.

Cabe destacar que el mismo día en que ocurrió el hecho, el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, comisionó a la fiscal 83º del AMC en materia de Derechos Fundamentales, a fin de investigar lo sucedido y establecer responsabilidades penales.

Igualmente, designó a un equipo de expertos de la Unidad Criminalística contra la Vulneración de los Derechos Fundamentales del Ministerio Público, con el fin de realizar las experticias correspondientes y prestar apoyo al fiscal.

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